Nos han educado para aceptar una mentira tan gigantesca que se ha convertido en el aire que respiramos: la idea de que el dinero es un recurso físico y finito, y que el Estado funciona exactamente igual que la economía de una familia. Bajo este dogma, día tras día los portavoces del sistema nos repiten que «no hay dinero suficiente» para la sanidad o que las pensiones públicas quebrarán irremediablemente porque «la caja se vacía». Sin embargo, basta observar la realidad para que esta ilusión se resquebraje: ¿cómo es posible que, cuando estalla una crisis bancaria o bélica, el dinero aparezca por arte de magia en pantallas de ordenador, por miles de millones y en cuestión de horas, para rescatar fondos financieros? La respuesta es tan impactante como liberadora: una familia utiliza una moneda que no controla, pero un Estado soberano es el creador y emisor de esa moneda. Comparar las cuentas públicas con las de una casa es una estafa ideológica diseñada para justificar los recortes sociales y mantener a la clase trabajadora en un estado permanente de inseguridad y sumisión, priorizando el lucro económico sobre la dignidad ciudadana.
Para que este engaño funcione, nos han vendido desde la escuela el cuento infantil de que el dinero nació en los mercados primitivos porque cambiar vacas por trigo era muy incómodo, ligándolo para siempre a un objeto material escaso como el oro. La antropología y la historia han demostrado que esto es radicalmente falso: jamás ha existido una sociedad vertebrada por el trueque. El dinero nació hace más de cinco mil años en Mesopotamia como una tecnología social, una unidad de cuenta estatal para medir créditos, salarios y tributos. Si queda alguna duda de que el dinero es una construcción jurídica que los Estados modifican a su antojo, basta mirar a 1971: cuando Estados Unidos se vio asfixiado por los inmensos costes de la guerra de Vietnam y sin suficiente oro físico en las cámaras de Fort Knox, el presidente Richard Nixon no declaró la quiebra del país; simplemente se sentó ante la televisión y abolió el patrón oro de un plumazo. Desde entonces, todo el dinero del planeta es dinero fiduciario: existe y tiene valor única y exclusivamente porque la soberanía y la ley del Estado así lo garantizan.
Entender esto lo cambia todo. Un Estado soberano no necesita «recaudar primero para poder gastar después», sino que gasta primero —creando el dinero digitalmente al teclear números en las cuentas bancarias de médicos, profesores o constructores— y recauda después. Pensar que un país puede «quedarse sin dinero» en su propia moneda es tan absurdo como creer que el árbitro de un partido de fútbol no puede conceder más goles porque «se le han terminado los puntos del marcador», o que la banca en un juego de mesa se va a arruinar por falta de billetes de papel. Por ello, el déficit público no es la tragedia profética que nos venden: en contabilidad macroeconómica rigurosa, cada euro que el Estado gasta de más se convierte, al céntimo, en un euro de ahorro que entra directamente en el bolsillo de las familias y las empresas. La obsesión neoliberal por la austeridad y el «déficit cero» no es responsabilidad económica; es una herramienta de expropiación que asfixia a la sociedad y precariza a la clase obrera.
Aquí queda al descubierto la mayor hipocresía del sistema capitalista actual: la privatización de la máquina de imprimir dinero. Los analistas liberales ponen el grito en el cielo y alertan de una hiperinflación catastrófica cada vez que se propone subir el salario mínimo o proteger las pensiones, pero guardan un silencio cómplice ante el hecho innegable de que los bancos privados crean dinero de la nada todos los días. Cuando pides una hipoteca, el director de la sucursal no baja a una caja fuerte a coger los billetes ahorrados por una anciana; simplemente teclea tu nombre en un ordenador y añade un número con varios ceros en tu cuenta. En ese exacto instante, el banco ha creado dinero de la nada con la licencia del Estado. Ese torrente incansable de dinero bancario fue el que infló la salvaje burbuja inmobiliaria en España hasta 2008, disparando la crisis de la vivienda y esclavizando a millones de familias para beneficio de la clase adinerada. Para la oligarquía, que un banco privado cree dinero de la nada para especular es «libre mercado», pero que el Estado lo haga para curar enfermos o blindar la vejez es «despilfarro ruinoso».
Llegados a esta revelación, la razón nos obliga a hacernos la pregunta fundamental: si el dinero es un registro contable y el Estado no tiene límites financieros, ¿podemos imprimir dinero infinitamente sin consecuencias? Rotundamente no. El verdadero límite de un país jamás es el dinero, que es infinito y digital; el límite indiscutible son sus recursos reales: las fábricas, la energía, las materias primas y las manos de sus ciudadanos. La inflación no se produce por el simple acto de teclear dinero en un ordenador, sino cuando ese dinero intenta comprar más bienes de los que la economía física puede fabricar. Si en España tenemos a millones de personas en paro, fábricas a medio rendimiento y recursos infrautilizados, el Estado tiene el deber ineludible de inyectar inversión para movilizar esas capacidades. Como hay recursos ociosos, ese dinero no genera inflación, sino riqueza real tangible: hospitales, viviendas públicas y energía. Solo al alcanzar el pleno empleo productivo, cuando el país opera al límite de su capacidad, inyectar más dinero generaría inflación al competir por recursos físicamente agotados.
Es bajo este prisma científico donde los impuestos cobran su verdadero sentido progresista y de justicia social. El Estado no te cobra impuestos porque «necesite tus euros» para poder pagar la nómina de un profesor. Los impuestos cumplen tres funciones insustituibles: obligan a la población a utilizar la moneda oficial del Estado para saldar sus deudas fiscales, impiden que las élites acumulen fortunas obscenas que les permitan secuestrar la democracia y, sobre todo, actúan como el freno de mano contra la inflación. Al tributar más a las rentas más altas y a la acumulación desmedida que nace del privilegio, el Estado les retira poder adquisitivo, enfriando su consumo de lujo para liberar materiales, energía y mano de obra que pasan a estar disponibles para cubrir las necesidades básicas de la mayoría social.
Cuando se comprende este circuito monetario y productivo, la gran mentira sobre la inminente quiebra del sistema de pensiones se desmorona, sacando a la luz el negocio multimillonario que se esconde detrás del miedo. Nos bombardean con gráficos de pirámides demográficas invertidas para provocarnos un pánico calculado: si nos convencen de que el Estado nos dejará desamparados, nos veremos empujados a sacar nuestros ahorros para contratar planes de pensiones privados en los bancos. La realidad contable de este negocio es humillante para el trabajador: la rentabilidad media de los fondos privados de pensiones en España durante las últimas décadas ha sido de un paupérrimo 2,91%, perdiendo sistemáticamente contra la inflación y rindiendo menos que la compra de deuda pública ordinaria. El «problema de las pensiones» no es más que una campaña de marketing masiva de la banca para secuestrar el salario obrero y cobrar comisiones abusivas por un producto mediocre.
Una crisis de pensiones en un Estado avanzado no puede ser jamás una crisis financiera o de falta de saldo en una cuenta bancaria. Los ancianos del año 2040 no se alimentarán de los billetes que hayamos guardado hoy en una caja fuerte; se alimentarán de la comida, la electricidad, los medicamentos y los cuidados que los trabajadores en activo estén produciendo en ese exacto año 2040. El verdadero reto del envejecimiento es puramente demográfico y material: cómo logramos que nuestra sociedad produzca lo suficiente para sostener a toda la población sin precarizar a nadie. La solución no es recortar pensiones ni importar masivamente mano de obra barata para beneficio de los grandes empresarios, sino ensanchar la capacidad productiva real de España mediante dos vías innegociables: en primer lugar, una inversión pública masiva en ciencia, tecnología y automatización industrial que permita a la clase trabajadora multiplicar su productividad, generando el doble de riqueza real en menos horas; y, en segundo lugar, un modelo migratorio estrictamente ordenado, legal y dotado de plenos derechos laborales. Frente a las élites económicas que se benefician de la inmigración ilegal para precarizar sueldos y sustituir a trabajadores españoles sin garantías, la postura de la FRS es rotunda: se debe acabar con la explotación en la economía sumergida obligando a que todo trabajador en nuestro suelo cuente con los mismos derechos y deberes salariales y fiscales. La evidencia científica lo demuestra: regularizar e integrar legalmente a la fuerza laboral migrante elimina la competencia desleal contra el trabajador nacional, ensancha las bases fiscales y aporta las manos productivas necesarias para sostener el bienestar de toda la sociedad.
La prueba indiscutible de que el control público de la moneda y las finanzas funciona la encontramos al observar el mundo sin la venda del neoliberalismo. La razón por la que potencias como China sortean sistemáticamente las peores crisis inmobiliarias sin sufrir el colapso social y el desempleo masivo que arrasa en Occidente es muy simple: no han rendido su soberanía monetaria al capricho de los especuladores financieros. Cuando su sistema acumula préstamos impagados o estallan las burbujas, el Banco Central interviene de forma directa y planificada, creando el dinero necesario para sanear el sistema financiero y reorientando el crédito hacia la economía productiva, el desarrollo industrial y la creación de empleo. La prosperidad y la resistencia de una nación no dependen de arrodillarse ante un dogma de austeridad contable, sino de subordinar el poder bancario a los objetivos estratégicos del país y a la protección incondicional de su ciudadanía.
El viaje a través de la realidad económica nos conduce a una conclusión inapelable que transforma nuestra conciencia política: la precariedad, la crisis habitacional, el desmantelamiento de los servicios públicos y la amenaza sobre las pensiones no son inevitabilidades matemáticas ni plagas naturales. Son el resultado directo de una abdicación política; son la consecuencia de un régimen disfuncional y un turno de poder pactado que ha entregado el control de la moneda y del crédito a una oligarquía que gobierna contra los intereses del pueblo. La Federación Republicana Socialdemócrata (FRS) nace para sustituir estas instituciones disfuncionales y romper el inmovilismo conservador. Nuestro Socialismo Humanista no viene a pedir permiso a los mercados ni a gestionar las migajas de un modelo obsoleto; reivindicamos una España libre, culta y racional donde el Estado utilice la herramienta del dinero, la ciencia y las instituciones al servicio exclusivo de la emancipación, la plenitud y la felicidad de la clase trabajadora. Ya no hay excusas técnicas ni cortinas de humo que valgan: sabemos cómo funciona la economía, sabemos quién es el adversario de nuestro bienestar y sabemos que forjar un país verdaderamente justo solo depende de nuestra voluntad cívica para tomar, de una vez por todas, las riendas de nuestro propio destino.