El debate territorial en España lleva décadas secuestrado por una falsa dicotomía que enfrenta a un centralismo reaccionario, ciego ante la pluralidad del país, contra un nacionalismo periférico que instrumentaliza los agravios históricos para su propio beneficio político. Para abordar este conflicto desde la racionalidad, resulta imprescindible reconocer una verdad insoslayable: la opresión cultural y lingüística ejercida históricamente sobre territorios como Cataluña, País Vasco o Galicia no fue un mero artificio económico, sino una imposición asfixiante y real por parte de un Estado autoritario. Lenguas como el catalán, el euskera o el gallego no pertenecen a las burguesías independentistas que hoy se apropian de ellas, sino a las clases populares que las mantuvieron vivas en sus hogares y centros de trabajo durante las épocas de mayor represión. Por tanto, la defensa de la pluralidad cultural y el fomento de estas lenguas cooficiales no es una concesión al separatismo, sino la protección de un patrimonio fundamental e innegociable de la sociedad.
La solución a esta fractura crónica no reside en la imposición unitaria por la fuerza ni en la balcanización del país, sino en la refundación del Estado bajo un modelo de república federal. Esta estructura garantiza que España siga siendo un único Estado soberano, pero con una distribución del poder clara y protegida constitucionalmente para evitar cualquier intromisión unilateral del Gobierno central. Las distintas regiones deben gozar de un nivel elevado de autogobierno, asumiendo competencias legislativas y ejecutivas exclusivas sobre sus asuntos internos. Este modelo abraza la asimetría: es perfectamente lógico y democrático que distintos territorios asuman diferentes grados de autogobierno si existe una justificación histórica, política o cultural para ello, mientras que el Gobierno federal conserva en exclusiva las materias que garantizan la viabilidad común, como la defensa, la política exterior, la moneda y los derechos fundamentales.
En el plano económico, la autonomía política carece de sentido si no va acompañada de autonomía fiscal y, al mismo tiempo, de una estricta justicia material. En este modelo federal, los territorios dispondrían de capacidad para recaudar y legislar sobre sus propios impuestos, financiando así sus competencias. Sin embargo, esta libertad debe estar anclada a un sistema federal de solidaridad y nivelación inquebrantable. El principio es claro: los territorios con mayor capacidad de generar riqueza deben contribuir proporcionalmente para asegurar que cualquier ciudadano, resida donde resida, reciba unos servicios públicos comparables. Bajo este prisma, particularidades históricas como el régimen foral del País Vasco y Navarra pueden mantenerse en su forma administrativa, pero bajo la condición innegociable de que participen de manera equitativa en los mecanismos de solidaridad estatal, eliminando cualquier asimetría que se traduzca en un privilegio financiero o en insolidaridad territorial.
La cuestión más crítica de este conflicto, el derecho a la autodeterminación, exige abandonar los extremismos y adoptar un rigor democrático absoluto. Un Estado moderno no puede retener a una sociedad a punta de pistola, pero tampoco puede permitir que sus fronteras, su economía y la ciudadanía de millones de personas se fracturen unilateralmente por un escaso margen de votos en un momento de polarización. Inspirándose en normativas internacionales como la Ley de Claridad, el marco federal establece que cualquier hipotético proceso de secesión requeriría mayorías ampliamente cualificadas —como, por ejemplo, dos tercios del censo electoral—, el mismo consenso que se exige para reformar los cimientos de la Constitución. No se puede imponer la independencia a la mitad de una población que no la desea, del mismo modo que no se puede ignorar a una inmensa mayoría si esta demanda democrática y sostenidamente la separación.
En definitiva, la postura de la Federación Republicana Socialdemócrata (FRS) ante el independentismo se basa en la convicción de que la unidad de un país no se decreta, se construye. Al instaurar una república que blinde el autogobierno, garantice la autonomía fiscal, promueva la solidaridad interterritorial y respete de forma absoluta la identidad y la lengua de sus naciones históricas, el combustible del separatismo se agota. El objetivo no es obligar a nadie a sentirse español por imperativo legal, sino forjar un Estado tan plural, justo y eficiente que ningún territorio encuentre motivos materiales ni culturales para querer abandonarlo.