Hagamos un ejercicio de honestidad intelectual y apliquemos el método socrático a uno de los temas más inflamados de la actualidad. Si dejamos a un lado los eslóganes por un momento y respondemos a esta pregunta con estricta lógica: imaginemos que mañana un partido de extrema derecha llega al poder y decide cumplir su gran promesa estrella, expulsar inmediatamente a todos los inmigrantes ilegales. ¿Cómo lo hace exactamente? Tienes a miles de personas sin documentación en la calle. Ordenas a las fuerzas de seguridad que los detengan y los metan en un avión. Muy bien, ¿pero hacia qué país vuela ese avión? Ningún Estado soberano del mundo va a abrir sus fronteras para recibir un vuelo lleno de personas anónimas si el gobierno emisor no puede demostrar con pasaportes y documentos legales oficiales que esos pasajeros son ciudadanos de ese país en concreto. Un avión no puede aterrizar en el vacío. Si jurídicamente es imposible deportar a alguien sin identificar, ¿cómo impides físicamente que entren o se queden sin papeles? ¿Ametrallando pateras en alta mar? ¿Fusilando a gente en las playas? Como ninguna de esas salvajadas sanguinarias es viable ni tolerable en un mundo civilizado, la conclusión emerge por puro peso lógico: la promesa de la «deportación masiva» de indocumentados es una absoluta imposibilidad legal y matemática. Si esto es tan obvio, ¿por qué se agita con tanta furia una promesa que se sabe perfectamente que no se puede cumplir?
Sigamos tirando del hilo de la razón. Si el verdadero obstáculo técnico para expulsar a un delincuente o controlar quién pisa el suelo es la falta de documentación, ¿cuál sería la solución más eficaz, barata y segura? La respuesta lógica sería abrir vías legales mediante visados en origen. Sin embargo, la política migratoria actual provoca que en los consulados en origen la inmensa mayoría de las solicitudes de visado sean sistemáticamente rechazadas o enfrenten trabas burocráticas casi insalvables. Si se facilitara un acceso ordenado a visados de trabajo o búsqueda de empleo, esa persona viajaría de forma segura en un avión regular, pagando su billete y con su pasaporte en la mano, en lugar de financiar a las mafias del tráfico humano para jugarse la vida en el mar. Al entrar de forma legal y documentada, el Estado tendría el registro biométrico y legal absoluto de esa persona. Y aquí emerge la gran paradoja que destroza el discurso reaccionario: solo con un sistema de entrada legal y documentada el Estado tiene la capacidad jurídica real de deportar de forma inmediata y fulminante a quien cometa un delito o no se integre laboralmente, porque su país de origen estaría legalmente obligado a recibirlo. ¿Por qué ningún partido conservador propone jamás agilizar los visados para tener un control real y poder expulsar fácilmente a quien infrinja la ley?
Al llegar a esta contradicción, la venda se cae y el Socialismo Humanista de la Federación Republicana Socialdemócrata (FRS) destapa la gran mentira: a la oligarquía y a sus altavoces políticos no les interesa acabar con la inmigración ilegal; la necesitan desesperadamente. Un trabajador que entra legalmente con papeles tiene derechos, se puede sindicar, exige el Salario Mínimo Interprofesional y denuncia a la Inspección de Trabajo si lo explotan. Por el contrario, un inmigrante indocumentado es un ser sumiso, vulnerable y aterrorizado por la deportación, que se ve forzado a aceptar trabajar doce horas al día en invernaderos o en la hostelería por sueldos de miseria sin rechistar. Las élites económicas fomentan la clandestinidad porque es el arma perfecta para destruir los convenios colectivos, precarizar el mercado laboral y sustituir a trabajadores autóctonos para multiplicar sus beneficios. Una vez consumado el saqueo, utilizan su maquinaria mediática para convencer al obrero de que la culpa de sus salarios bajos y de la falta de vivienda es del inmigrante, creando una guerra fratricida entre pobres que blinda y protege a los verdaderos culpables.
Una vez desenmascarada la estafa económica de la derecha, se hace imprescindible mirar a la realidad social y abordar sin complejos ni buenismos ingenuos la otra gran preocupación de la clase trabajadora: la seguridad en los barrios. La tranquilidad en el espacio público es un derecho fundamental de la clase obrera, por lo que no debe existir la más mínima tolerancia con la delincuencia ni con la marginalidad. Reivindicar un modelo progresista, humanista y racional no significa en ningún caso ser blando ni permisivo con el crimen. Quien rompe la convivencia, agrede a sus vecinos o roba debe caer bajo todo el peso de la ley y de la justicia. La integración no es una invitación al libertinaje ni a la impunidad; es un pacto cívico innegociable, y el Estado debe ser implacable al exigir su cumplimiento, aplicando las deportaciones legales e inmediatas —que un modelo eficiente de visados sí haría posibles— a aquellos extranjeros que desprecien las normas básicas de convivencia y alteren la paz social.
Sin embargo, para combatir la delincuencia con eficacia hay que abandonar los discursos racistas que criminalizan a orígenes geográficos enteros y analizar la realidad sociológica con rigor científico. Cuando se analiza la situación social de los barrios obreros y se observa a la comunidad migrante sin prejuicios, se descubre un hecho incontestable que destroza los tópicos: la delincuencia no es una predeterminación cultural ni biológica. En la gran mayoría de estas familias, los progenitores se dejan la piel trabajando de sol a sol en los oficios más duros, mientras que un notable porcentaje de las mujeres jóvenes migrantes cursa hoy estudios medios y superiores, demostrando una voluntad de superación y emancipación admirable. Quienes delinquen en el espacio público no representan a la totalidad de un colectivo; se trata, de manera muy específica y localizada, de una fracción de varones jóvenes que sufren una grave desatención educativa y un profundo desarraigo.
Este fenómeno delictivo responde a un doble fracaso social que la FRS busca abordar desde sus raíces y solucionar. Por un lado, unos hogares sometidos a condiciones laborales extenuantes de pura supervivencia carecen del tiempo material y de los recursos necesarios para supervisar, educar y poner límites durante la adolescencia. Por otro lado, estos adolescentes varones crecen sufriendo un choque cultural y una exclusión que los empuja hacia el resentimiento y una rebeldía mal encauzada; al no encontrar su lugar ni un referente cívico sólido, acaban siendo absorbidos por la marginalidad callejera, el dinero rápido y la delincuencia. La causa de estas conductas no es el origen geográfico, sino el abandono educativo, la precariedad familiar y la exclusión social. La legislación debe sancionar el delito con rapidez y severidad, pero el Estado tiene la obligación paralela de intervenir mediante una educación pública potente para rescatar a la juventud de la exclusión antes de que se convierta en un problema de seguridad ciudadana.
En este proceso de integración, desde el marco ideológico del antiteísmo, se marca una línea roja infranqueable: el rechazo a la creación de guetos y a la imposición de dogmas religiosos en la esfera social y pública. Se busca promover una sociedad culta, racional y emancipada de tutelas morales y supersticiones arcaicas que coartan la libertad individual. Resulta incompatible con los valores republicanos y progresistas que en el seno de muchas familias migrantes se sigan perpetuando dinámicas machistas y preceptos religiosos que prohíben a las mujeres trabajar, recluyéndolas en el ámbito doméstico y negándoles su independencia económica y su autonomía. Quien decida construir su vida en el país debe comprender que un proyecto republicano moderno no ampara la subordinación de la mujer ni reconoce sistemas normativos paralelos dictados por autoridades religiosas que entren en conflicto con los derechos humanos universales y la igualdad de género.
La verdadera cohesión social es un proceso recíproco que exige compromisos irrenunciables por ambas partes. Por el lado de la población migrante, implica la superación de normas religiosas opresivas, el respeto estricto a la igualdad entre hombres y mujeres y el esfuerzo activo por instruirse en el pensamiento crítico y la lengua común. Por el lado del Estado, requiere una inversión decidida en educación pública, tutorización y programas de inserción que arranquen a la juventud de las calles, acompañada de una Inspección de Trabajo rigurosa e implacable que persiga penalmente y sancione con contundencia a las empresas que recurran a la contratación ilegal o abusen de la precariedad salarial. Al erradicar el beneficio económico de la explotación laboral, se neutraliza la competencia desleal contra la clase trabajadora autóctona, se protegen los sueldos y se eliminan los espacios que propician la marginalidad.
La Federación Republicana Socialdemócrata no rehúye los debates complejos ni se pliega a la demagogia. Frente al racismo de la derecha que comercia con el miedo sin ofrecer soluciones reales y frente a la pasividad que desatiende la seguridad en los barrios populares, se plantea una alternativa racional, soberana y ordenada. Se propone un modelo basado en fronteras reguladas mediante la gestión eficaz de visados, tolerancia cero con la delincuencia y el incivismo, emancipación cultural frente al dogmatismo religioso y una defensa irrenunciable de los salarios y condiciones laborales de toda la clase obrera. La soberanía y la cohesión de una nación no se protegen con proclamas encendidas en redes sociales; se defienden mediante un marco legal inteligente, una educación verdaderamente liberadora y unas instituciones públicas firmes en la defensa de la justicia social y en la lucha contra la explotación.